¿Derecho a la protección de datos personales?

Herlinda Pincay Matute

Herlinda Pincay Matute

Compartir Boletín


Regresar

En el año 2008, la Constitución de Montecristi otorgó, a través del artículo 66 numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, esto es, la protección de toda información de una persona física, identificada o identificable. Más aún, este derecho no solo recae en la protección sino también en el tratamiento, recolección, acceso y difusión de los mismos. No obstante, pese a estar consagrado en la Constitución, se encuentra vagamente protegido en nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, en contraste a la situación ecuatoriana, los datos personales han sido objeto de regulación en países europeos desde la década de los 90’ como consecuencia del acelerado y ágil desarrollo tecnológico. Por tanto, dichos países se encontraron en la necesidad de adaptar sus legislaciones en pro de la protección y tratamiento de los datos personales de sus ciudadanos, tanto desde el sector público como el privado. Es así como, en el año 2016 fue aprobado, con entrada en vigencia en el 2018, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Bajo esta misma línea, dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador se presentó el Proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales en el año 2016. Dentro del mismo se fijaban las reglas generales para la protección de datos; obligaciones del responsable del tratamiento; derechos de los titulares; sanciones ante mal tratamiento de los datos; y se propone como autoridad competente a la Dirección Nacional de Datos Públicos. Sin embargo, no ha existido pronunciamiento alguno ante este proyecto por parte de la Asamblea.

En la actualidad, bajo una extensa búsqueda, es posible encontrar ciertas normas jurídicas que posean relación con la protección de datos personales, pero no van más allá de lo obvio; puesto que estipulan la necesidad del consentimiento del titular de los datos para la elaboración, difusión o transferencia de bases de datos. Empero, la realidad es otra: cotidianamente, escuchamos de nuestros conocidos o leemos en redes sociales que compañías de telecomunicaciones obtienen nuestros números telefónicos y realizan llamadas promocionales.

Es entonces cuando nos preguntamos, ¿cuándo autorizamos el uso de nuestros datos con esa finalidad? Generalmente, no sabemos ni la manera por la cual dichas compañías obtuvieron nuestros datos. Esta práctica antiética no presenta respaldo para la realización de reclamos ante una autoridad competente. Por ende, no es justiciable.

Así también, es importante resaltar que la protección de datos confiere una gama de derechos que nos permiten tener un mejor control, acceso y nuestros datos personales. En el marco europeo, de la protección de datos se derivan derechos como: derecho a la portabilidad, derecho de acceso, derecho a ser des referenciado en línea, derechos frente a vigilancia en el lugar de trabajo, entre otros. En adición, cabe mencionar que hoy en día no existen parámetros para vigilancia dentro de los lugares de trabajo. Con ello se entiende un libre albedrío que podría interferir con la intimidad de los trabajadores.

Como se puede observar, la era informática demanda otro tipo de regulaciones. El derecho nace de las necesidades. Por tanto, si el asambleísta constituyente creyó que nuestros datos personales ameritaban ser reconocidos y regulados, quizás se ha faltado a la visión que tenían para los mismos. En tal circunstancia surgen las interrogantes: ¿haremos algo para regular la protección de nuestros datos personales?, ¿seguiremos soportando las constantes llamadas promocionales aun cuando ya contamos con aquel servicio?

Herlinda Pincay Matute
Estudiante
Facultad de Derecho UEES

Admisiones 2019

Ingresar