Proyecto de Ley Sobre Ley Orgánica de Movilidad Humana

Grupo de Apoyo Estudiantil Boletín Jurídico

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La movilidad humana es conocida como el ejercicio del derecho a la libre circulación por medio del movimiento de personas de un lugar a otro. Este proceso lleva al traslado de divisiones políticas de un país de origen a otro de visita o residencia temporal. Es por esto que tanto el derecho internacional como el nacional protegen a las personas inmigrantes. El incumplimiento de sus derechos humanos o una simple contradicción con la normativa nacional puede obligar al país agresor a aceptar responsabilidad internacional.

La actual crisis venezolana ha obligado a los ciudadanos a migrar a distintos países vecinos, entre ellos Ecuador. Hasta ahora han entrado al territorio ecuatoriano, en los últimos cinco años, aproximadamente 400 mil venezolanos con el objetivo de encontrar una vida más estable. Estos altos números han obligado al Estado a tomar en cuenta posibles riesgos que corren los ecuatorianos al no llevar un control de las personas que entran al país. Esta preocupación incrementó después de lo sucedido el sábado 19 de enero, día en el que una ecuatoriana, en estado de gestación, fue asesinada por su ex pareja, un inmigrante venezolano. Sin embargo, este miedo aparece cada vez que en el país se ve una ola de inmigrantes, como ocurrió después del terremoto de Haití del 2010, cuando miles de ciudadanos haitianos aprovecharon la ayuda enviada por Ecuador y la posibilidad de permanecer en el país hasta 90 días sin visa. Por este motivo, el Presidente de la República estableció en enero del 2019 que uno de los requisitos para que las personas puedan ingresar a Ecuador es su pasado judicial debidamente apostillado, para así velar por la seguridad social, además de las obligaciones establecidas en el artículo 53 de la ley orgánica sobre movilidad humana, haciendo hincapié en el seguro de salud privado o público que debe cubrir el tiempo de estadía en el Ecuador.

Considerando que la mayoría de los inmigrantes no se encuentran debidamente registrados dentro del país, se ha presentado un proyecto de Ley para reformar e incrementar la eficiencia de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La misma establece que existen “… algunos vacíos de fondo y forma que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana”. Entre sus reformas se encuentra la adición de conceptos como: refugiados, refugiado Sur place, trata de personas y trato ilícito de inmigrantes. Tomando en cuenta que es de común conocimiento el termino refugiado como aquel que huye de un conflicto armado o persecución y la trata de personas como el traslado o recepción de personas, en contra de su voluntad y/o por medio de conductas fraudulentas, con el fin de explotarlas, el refugiado Sur place es aquel que no abandonó su país con la intención de ser refugiado, pero tuvo que serlo por acontecimientos posteriores a su salida que lo ameritaban y que por consecuencia no le permiten regresar. Además, el trato ilícito de inmigrantes tiene una correspondencia con el de nacionales, pero este les otorga una mayor seguridad jurídica a quienes no se encuentran protegidos por su país de origen. El artículo 115 A ofrece una solución a estas problemáticas con políticas públicas, y el 141 excluye en estos casos la posibilidad de una deportación.

Por otro lado, el artículo 52 del Proyecto de Ley fomenta dentro del derecho a la salud a una atención igualitaria y sin discriminación, tanto para inmigrantes como para nacionales, e incluso incluye a las personas en protección por razones humanitarias y refugiados. Las dos últimas mencionas no cumplen con los requisitos de un migrante, por lo que no entran dentro de cualquiera de las otras categorías de visas, pero se las reconoce y define como personas de protección humanitaria por lo que pueden solicitar la “Visa de Asilo y Refugio” que otorga el Estado. Para obtenerla solo se necesita cualquier documento de identificación y presentar la solicitud en la Dirección General de Refugiados, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Mientras se cumple con el proceso de aceptación de la solicitud, las personas pueden permanecer de forma regular dentro del país sin correr el riesgo de ser devueltas a su país de origen.

La protección dada a aquellos que deciden emigrar incrementa con este proyecto. A aquellos que participan del proceso de reconocimiento como refugiado, se les acepta la solicitud a pesar de ser entregada de forma extemporánea, pues existe flexibilidad en situaciones donde no hay forma materialmente posible de presentarlo a tiempo. En caso de que la solicitud sea rechazada, se da un plazo de 90 días para que la persona regule su condición migratoria y abandone el país 15 días posteriores a eso. Si se lo acepta, este Proyecto de Ley también ofrece la posibilidad de tener un documento de viaje y una orden de cedulación.

Además, en caso de una deportación, se permite que la sentencia sea susceptible de apelación y reposición. El derecho a la defensa de los inmigrantes tanto en este caso, como si ocurre una inadmisión de una persona al país, prevalece. Deben de siempre recibir resoluciones motivadas y permiten contestación. Esto demuestra que la apertura que el gobierno ecuatoriano ofrece a los migrantes, sería más eficiente si este proyecto de ley se aprobara. Aunque no hay cambios rotundos respecto a la Ley actual, se muestra un avance progresivo de la misma. Permite que se sientan protegidos bajo un debido proceso que no les niega su derecho a la identidad al ser reconocidos.

María José Torres Valdivieso
Peggy Andrea Jácome Bruque
Valeria Fernández Meza
María Antonieta Ribadeneira Rodríguez
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Facultad de Derecho UEES

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