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Conversatorio sobre “El rol de la academia en la construcción de alianzas para promover prácticas anti-corrupción”

El rol de la academia en la construcción de alianzas para promover prácticas anti-corrupción

El 11 de marzo del 2019, la Facultad de Derecho de la UEES fue invitada a participar en el Conversatorio “El rol de la academia en la construcción de alianzas para promover prácticas anti-corrupción”, organizado por la Embajada de Canadá y el CERES (Centro Ecuatoriano de Responsabilidad Social). El conversatorio contó con la participación del experto canadiense Patrice Poitevin, del Centro Canadiense de Excelencia en Anticorrupción de la Universidad de Ottawa.

El experto en mención, destacó que para lograr un cambio sustancial en la lucha contra la corrupción en los países, es necesario que desde la Academia se promuevan acciones innovadoras, agregó además que los países en los que las universidades han tomado la iniciativa para promover prácticas de anticorrupción han podido avanzar en tal sentido. Entre uno de los puntos concluyentes se destacó la importancia de la formación de los jóvenes en prácticas anticorrupción, pues ellos serán los líderes políticos y empresariales que las Universidades entregarán a la sociedad, por eso la importancia y necesidad de que sea la Universidad el espacio donde se promueva este cambio. El objetivo es poder crear un Centro de Excelencia en Anticorrupción en Ecuador.


Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad Particular Espíritu Santo

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad Particular Espíritu Santo

La Universidad Particular Espíritu Santo suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura, cuyo objetivo es coordinar e impulsar esfuerzos interinstitucionales que permitan desarrollar políticas, estrategias y actividades para construir, ejecutar y fortalecer proyectos de interés nacional y académicos.

A través de este convenio las partes se apoyarán mutuamente para planificar, diseñar y ejecutar Programas académicos con miras al desarrollo de la investigación, la ciencia y la justicia en el Ecuador.

Entre otros objetivos específicos, la UEES organizará actividades de formación profesional con acreditación, o no formales con certificación, dentro del campo del derecho y la administración de justicia o en áreas que se definan de común acuerdo. La Facultad de Derecho Política y Desarrollo de la UEES, será el área encargada de la ejecución del referido convenio.

El 17 de Abril del 2019 la UEES recibió la visita de la Presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, quién mantuvo una reunión con las autoridades de la Universidad para fortalecer los lazos de cooperación, a propósito de la firma del convenio suscrito entre ambas instituciones.


Coloquio Facultad de Derecho UEES

El 21 de marzo del 2019 la Facultad de Derecho realizó el Coloquio "Análisis de procedimientos para la Modificación de la Constitución", a cargo del Magister Alejandro Vanegas Maingón, docente de la Facultad de Derecho.


Coloquio Facultad de Derecho UEES

Con el tema "Sistema Interamericano de Derechos Humanos", se realizó el 4 de abril del 2019, el Coloquio de la Facultad de Derecho, dictado por la PhD. Pamela Aguirre Castro, docente de la maestría de Derecho Constitucional de la UEES.


Entrevista al Dr. Santiago Ortega Gomero

El Dr. Santiago Ortega es Profesor de la Maestría de Administración de Justicia de la Universidad de Roma, Unitelma Sapienza, Italia y de la Academia de la Magistratura del Perú. Profesor la Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad Norbert Wiener (Perú). Ha sido Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, entre otras. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Magíster por la Universidad de Génova, Italia. Licenciado en Administración y Magíster en Administración y Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Ica. Candidato a Doctor en Ciencias Empresariales. Profesor Visitante de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad del Estado de México (México).. Ha ofrecido conferencias en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México y República Dominicana. Autor del libro “Constitucionalismo Popular, Democracia y Gobierno Judicial”, Derecho Global Editores, México, 2018. Ha editado más de 20 libros y traducido más de 15 libros en toda Latinoamérica del inglés, italiano y francés al castellano de profesores de diferentes universidades como Yale University, New York University, University Southern California, Universidad la Sorbona, Uppsala University, Oxford University, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, entre otras.

Los orígenes del control de constitucionalidad

“El control de constitucionalidad tiene un trasfondo político ineludible y en su debido momento no tenía por finalidad la tutela de los derechos fundamentales tal como lo comprendemos ahora en el Estado Constitucional. Esto es producto de una evolución posterior”.

Dicho análisis surge del caso Marbury vs Madison, el cual ocurrió en Estados Unidos, cuando el gobierno federal tenía una concepción de carácter anti populista, es decir que consideraba más importante que las instituciones tomen decisiones y no el voto de los ciudadanos. Estos perdieron las elecciones y por consecuencia decidieron convocar a una nueva designación de jueces en el distrito de Columbia, entre ellos Marbury se encontraba involucrado. El problema radicó en que los republicanos ganaron el gobierno, por esta razón, el Secretario de Estado Madison ordenó que no se notificaran los nombramientos. No obstante, el Juez Marshall perteneciente a la Corte Suprema, reprochó el accionar de Madison y desde ese entonces determinó el verdadero origen de la constitucionalidad, la cual radica en el pueblo.

¿Cuál es el problema que se genera en la justicia constitucional cuando se aplica la ponderación de principios al momento de resolver un caso?

Una de las mejores críticas que se realiza al constitucionalismo aceptado en Latinoamérica, que es el constitucionalismo discursivo, la realiza un profesor Jürgen Habermas, quien forma parte de una filosofía de derecho con orientación racional. Él dice que la ponderación sirve para producir resultados, pero no nos permite justificarlos, pues resulta ser una metodología radicalmente subjetiva. Si una persona maneja bajo estado de ebriedad, no importa cuál sea la ideología política, la creencia religiosa o la opinión personal del magistrado que conoce el caso, se va a aplicar la norma porque hay una prueba objetiva, como el resultado de la prueba de alcohol. Mientras en el caso de la ponderación, tal como establece Habermas, no existe un estándar objetivo. Esto afecta principios fundamentales del estado de derecho, tal como la seguridad jurídica, que siempre se ha opuesto a la arbitrariedad. Por esta razón, el problema de aplicar la ponderación es los altos niveles de discrecionalidad, sin embargo, Alexy señala que el cuestionamiento de Habermas es equivocado. Argumenta que en la metodología de aplicación de los derechos fundamentales la ponderación está fundamentada racionalmente porque es una expresión del discurso, una teoría del racionamiento práctico, es decir que intenta dar un fundamento objetivo de carácter moral. Además intenta dar una respuesta tan sofisticada como la construcción de la fórmula del peso, asignación de valores numéricos a la determinación del nivel de afectación de los derechos dentro de la estructura de la proporcionalidad.

¿Cuáles son los problemas que se generan al aplicar solo las reglas, omitiendo los principios?

El Estado Legislativo, anterior al Estado Constitucional, se caracterizaba por un sistema normativo piramidal de extrema rigidez. La ciencia del Derecho dentro de este Estado era descriptiva, se enfocaba en el análisis de principios. Por otro lado, la naturaleza del Derecho iba dirigida a la diferenciación entre la vigencia y la justicia, es decir, se consideraba que una norma podía ser obligatoria, aunque no fuera justa. Se entendía que la regla era la base del sistema jurídico.
El problema en sí radica en la poca flexibilidad de las reglas, contrario a los principios, los cuales si la permiten. La ciencia del Derecho, ahora, en el Estado Constitucional es de carácter prescriptivo; quienes se dedican a la dogmática jurídica, interpretan las normas, antes solo las describían, y; la naturaleza del Derecho relaciona las normas con la justicia a través de valores materiales de carácter moral protegidos por la Constitución. Este Estado Constitucional privilegia todo tipo de norma y su interpretación para resolver casos, pretendiendo que las restricciones inherentes de la misma no sean un obstáculo en la protección de valores. Sin embargo, debemos retomar que, sin abuso del poder jurisdiccional, tanto los jueces constitucionales como los ciudadanos, tenemos que reflexionar sobre las reglas con la finalidad de encontrar un equilibrio, a la vez que reforzamos nuestra democracia.

¿Cuál es el problema que se genera en la justicia constitucional cuando se aplica la ponderación de principios al momento de resolver un caso?

La ponderación sirve para producir resultados, pero no permite justificarlos porque resulta ser una metodología radicalmente subjetiva.
Para ejemplificarlo, si alguien maneja bajo estado de ebriedad, en todos los casos se aplicará la norma previa prueba objetiva del resultado de test de alcoholemia, sin importar la subjetividad del juzgador. Sin embargo, en el caso de la ponderación, no existe un estándar objetivo, siendo radicalmente subjetiva. Según Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo con orientación racional, se afectan principios constitucionales del Estado de Derecho como la seguridad jurídica que se opone a la arbitrariedad.
En resumen, el problema de aplicar la ponderación es el alto nivel de discrecionalidad, aunque hay varios doctrinarios que sostienen que, a metodología de aplicación de los derechos fundamentales, la ponderación está fundamentada racionalmente porque es una expresión del discurso, que constituye una teoría del razonamiento práctico. Lo que intenta es dar un fundamento objetivo de carácter moral, así como una respuesta tan sofisticada como la construcción de la fórmula del peso: asignación de valores numéricos a la determinación del nivel de afectación de los derechos dentro de la estructura de la proporcionalidad.

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