¿La calidad de nuestros representantes?

Magner Aguirre

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Dura y crudamente, la sociedad ecuatoriana ha criticado el diverso abanico de oficios de los candidatos que llegan a ocupar las curules de la legislatura; y es que encontramos desde futbolistas y actores, hasta cantantes y ciertas figuras de la farándula ; muchos de los cuales apenas cuentan con una preparación secundaria; en las filas de aquellos cuyo papel influye de forma tan directa en el país que es probablemente una de las labores más importantes que un servidor público pueda tener bajo su responsabilidad. Pese a lo desacertada y contraproducente que esta situación puede sonar para muchos, en realidad, resulta en total armonía con la Constitución y los derechos de participación que garantiza; dado que los únicos requisitos con los que deben cumplir son, según lo expuesto en su artículo 119, “tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos”. Bajo estas consideraciones, hemos de analizar el por qué de los escasos requisitos estipulados en la Constitución, y en consecuencia preguntarnos si son suficientes; así como también hasta qué punto se puede limitar el derecho de participación y las contradicciones que llegan a ser evidentes cuando meditamos en los requisitos que se les exigen a otros funcionarios públicos.

En primer lugar, la Constitución de nuestro país consagra los derechos de participación en su artículo 61 cuando habla del derecho a “elegir y ser elegidos”, además del de “desempeñar empleos y funciones públicas”, a la vez que regula el ejercicio de estos derechos en su artículo 11, asegurando la igualdad real en favor de sus titulares. Con base en ello y ya que la asamblea es el órgano de representación más grande, muchos señalan que, limitar el derecho a acceder a las legislaturas mediante la imposición de requisitos adicionales sería inconstitucional.

Ahora bien, para hablar de los límites a los derechos de participación, es necesario entender primero que estos constituyen derechos fundamentales y que a pesar de ser vitales para el desarrollo de los individuos, no son absolutos, sino que forman parte de un sistema en el que al coexistir con otros derechos entran en conflicto y se limitan entre ellos; en donde, si bien no podrán ser jerarquizados, algunos prevalecerán sobre otros por ponderación en situaciones específicas. En este punto, el legislador juega un rol decisivo en el establecimiento del régimen que permite dicha coexistencia, y su papel es de una trascendencia tal, que resulta fácilmente evidenciable, cuando advertimos que los legisladores poseen inmunidad, precisamente ante las consecuencias nefastas que pueden derivar de sus decisiones. Por ello, la intervención normadora de los legisladores no debe ser tomada a la ligera.

Por otro lado y de la mano con lo expuesto anteriormente, hemos de considerar como límite a estos derechos de participación, a ciertas consideraciones que encontramos en el numeral 7 del artículo 61 de la CRE, que otorga el derecho a “desempeñar empleos y funciones públicas [si bien, mediante un proceso equitativo y en igualdad de oportunidades, pero] con base en méritos y capacidades”. De modo que, señalamos como límite también al principio meritocrático. Personalmente, considero que somos merecedores de derechos en la medida en que podamos cumplir con las responsabilidades que de estos se desprenden. Desde la perspectiva de la Constitución, claramente, su propósito ulterior es asegurar la igualdad real, mediante la garantización de la igualdad de oportunidades, del acceso a ellas y la igualdad de resultados. Muy a pesar de esto, no hay que olvidar que una vez que, cuando el Estado ha satisfecho previamente el principio de la igualdad de oportunidades, el acceso a estas dependerá exclusivamente de la responsabilidad individual de cada quién. A la luz de este entendimiento, el candidato tendrá derecho, en la medida en que su esfuerzo personal y el producto de su responsabilidad individual se lo permitan.

Finalmente, “es a través del ejercicio de los derechos de participación mediante los que se lleva a cabo la definición de la forma política como Estado democrático” (Solozabal J, Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales, 1991, p. 90). Consecuentemente y evocando el papel del legislador, hemos de llamar a la reflexión sobre lo que ocurriría si estos no son capaces de establecer aquel régimen en el que los derechos puedan coexistir; ante la posible incompetencia de los legisladores, el Estado no podría garantizar el ejercicio de los derechos (de participación), el sistema se vería comprometido incluso desde sus bases (democracia) y entonces este resultado sí resultaría atentatorio para con el fin y espíritu de nuestra Carta Magna. ¡Cuán necesaria y fundamental es la imposición de nuevos requisitos que aseguren el cumplimiento a cabalidad de las funciones del legislador!

Magner Aguirre
Estudiante
Facultad de Derecho UEES

Admisiones 2019

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