Julián Assange: El huésped incómodo y su salida desatinada

Robert Friend

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El presente artículo analizará a partir del ámbito jurídico, aquellas circunstancias que se olvidan tener presentes cuando se toman decisiones en el ámbito político, las cuales afectan directamente al Ecuador. Es así, que tras 7 años de encontrarse asilado en la embajada de Ecuador en Londres, el 11 de abril de 2019, Julian Assange fue notificado con el retiro o revocatoria del Asilo Diplomático otorgado por nuestro país y posteriormente fue entregado a la Policía Metropolitana de Londres.

Sin querer cuestionar si Ecuador ha violado o no el principio de “no devolución” del asilado en el caso Assange, es importante resaltar que, sobre este punto, la Opinión Consultiva OC-25/2018 de 30 de mayo de 2018 emitida por la Corte Interamericana de DD.HH. establece que el asilo diplomático no se encuentra protegido por el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni tampoco contenido en el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por lo que debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan, concluyendo esta Opinión Consultiva en que el Asilo Diplomático es un derecho del Estado que no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega.

Sin perjuicio de lo anterior, más allá del tema del asilo, refugio, derecho de “no devolución”, no podemos olvidar un hecho más relevante aún. De manera irregular, oscura, ilegítima, o como se lo quiera catalogar, fue el mismo Gobierno el que le retiró el asilo diplomático, quien en su momento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, otorgó la nacionalidad a Assange por medio de la Carta de Naturalización reconocida en el artículo 8 de la Constitución de la República del Ecuador.

Precisamente, ese gran detalle es lo que puede provocar una arremetida por parte de la defensa técnica de Assange contra el Ecuador, ya que, cuando se le retiró el Asilo Diplomático, seguía siendo ecuatoriano.

Si bien es cierto, la estrategia jurídica fue “suspender” la nacionalidad de Assange por ser lesiva a los intereses del Estado ecuatoriano, sin embargo, se olvidaron varios aspectos los cuales se detallan a continuación:

  1. No existe la figura de suspensión de acto administrativo de concesión de nacionalidad.
  2. Inobservaron lo contenido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana el cual establece que para poder declarar nula la naturalización, se debe de iniciar la acción de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo de acuerdo al artículo 115 del Código Orgánico Administrativo.
  3. Que al incurrir en aquellas faltas, han vulnerado varios derechos constitucionales como el debido proceso en garantía al derecho a la defensa y otros como derechos como la seguridad jurídica.
  4. Que al haber sido ecuatoriano y paralelamente existir una solicitud de Estados Unidos hacia Reino Unido de extradición, se podría estar incurriendo en la violación a lo consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador.

Estas y otras inobservancias se han cometido en este escandaloso episodio que ponen al Ecuador a repensar sobre las decisiones, que, por más legítimas y soberanas que parezcan a la luz de los Derechos Humanos, nos pueden contrarrestar en demandas millonarias.

Finalmente, si bien es cierto que las pasiones políticas están a favor y en contra de la decisión del Gobierno de retirar el asilo, no es menos cierto que la lección que nos deja este suceso es que las decisiones de un Gobierno por más tinte soberano que puedan darle, sobre todo para quienes estudiamos Derecho, siempre tienen que respetar las formas, el debido proceso y la seguridad jurídica.

Robert Friend
Docente
Facultad de Derecho UEES

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