El arraigo en la coactiva

Esteban Noboa Carrión

Esteban Noboa Carrión

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El derecho a entrar y salir libremente del país está consagrado en el numeral 14 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Es uno de los que nuestra norma fundamental llama “Derechos de libertad” y de acuerdo a ella, la restricción de este derecho solo puede ser ordenada por juez competente. Es decir que la prohibición de salida del país solo puede ser ordenada por un juez. Pero, ¿qué es un juez? La respuesta parecería ser obvia y clara, pero en el Ecuador, la legislación y la tradición jurídica han tornado este término en un equívoco. No está claro realmente quiénes tienen la calidad de “juez competente” cuando se trata de los “jueces” que pueden impedir la salida del país de los ciudadanos.

Esto se da por la existencia de los mal llamados “jueces de coactiva”. Durante mucho tiempo, nuestro ordenamiento jurídico ha identificado a los funcionarios encargados de recaudar acreencias de las instituciones públicas como “jueces de coactiva”. Esta nomenclatura equívoca ha producido en una considerable inseguridad jurídica que no se ha podido solucionar hasta la fecha, a pesar de los múltiples esfuerzos de la doctrina y de algunos legisladores para poner fin a la situación.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 2008, se produjo una novedad que debió llevar a una solución: los jueces de coactiva dejaron de ser parte de la Función Judicial. Asimismo, cuando se aprobó el Código Orgánico de la Función Judicial, no se los incluyó como miembros de la misma. Un detalle importante es que la antigua Ley Orgánica de la Función Judicial sí lo hacía. La exclusión demostró una clara intención de despojar a los funcionarios de coactiva la calidad de “juez” e ir circunscribiendo su actuación al ámbito de un funcionario administrativo con ciertas potestades de ejecución.

Estas novedades constitucionales y legislativas motivaron la interposición de una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Art. 164 del Código Tributario que permitía al funcionario ejecutor ordenar el arraigo en contra de un ciudadano coactivado. Una interpretación acorde a la Constitución y a la vigencia de los derechos fundamentales, hubiera determinado la inconstitucionalidad del mismo debido a que se opone frontalmente a lo establecido en el numeral 14 del Art. 66 de la Constitución. Desafortunadamente, la Corte Constitucional de la época, de manera inexplicable, confirmó la constitucionalidad de la disposición del Código Tributario (caso No. 0050-09-IN). Así, los abusos no sólo continuaron sino que se multiplicaron.

A raíz de esta sentencia, otros jueces de coactiva ordenaron arraigos sin siquiera ser parte de la Administración tributaria. Las quejas e impugnaciones por parte de los ciudadanos no tardaron en venir. Es así que para blindar la actuación de los jueces de coactiva, el Gobierno de turno consiguió una reforma del Código de Procedimiento Civil en donde incluyó, de manera arbitraria y evidentemente inconstitucional e ilegal, que los jueces de coactiva tengan calidad de jueces especiales. A partir de ese momento, todos los “jueces de coactiva”, sin importar su pertenencia a una institución del sector público en sentido estricto, ordenaron arraigos en contra de ciudadanos. No importaba el monto. Si un ciudadano debía un par de dólares por planillas telefónicas, de agua o eléctricas, la orden de arraigo en su contra era un hecho.

Posteriormente, con la entrada en vigor del Código Orgánico Administrativo (COA) en 2018, el panorama parece estar más claro en pos del respeto de este importante derecho fundamental. El COA derogó el Código de Procedimiento Civil en lo que respecta a la coactiva, despojó a los “jueces de coactiva” de esta nomenclatura pasando a llamarlos empleados recaudadores y prescindió de clasificarlos como jueces especiales. Adicionalmente, en los artículos 180 y 281 indica que, en cualquier caso, la prohibición de salida del país debe ordenarse por juez competente de la Función Judicial. En consecuencia, los jueces constitucionales han empezado a dejar sin efecto arraigos inconstitucionales e ilegales por parte de empleados recaudadores.

No obstante, el trabajo parece haber quedado a mitad de camino, pues el Art. 164 del Código Tributario sigue vigente y muchos empleados recaudadores de administraciones tributarias lo siguen aplicando, bajo el válido argumento de que el ejercicio de su potestad coactiva se rige bajo este código y no el COA.

Le corresponde a la nueva Corte Constitucional dilucidar este problema. De conformidad con lo que establece la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el COA, todo empleado recaudador debe acudir a los jueces de la Función Judicial para ordenar arraigos. El Código Tributario contiene una norma inconstitucional e ilegal que debe ser expulsada del ordenamiento. Por ahora, queda esperar a que la Corte se pronuncie. En el ínterin, los ciudadanos afectados deben siempre impugnar los arraigos ordenados por empleados recaudadores sin la intervención de un juez de la Función Judicial.

Esteban Noboa Carrión
Docente
Facultad de Derecho UEES

Admisiones 2019

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