¿Adultos "Mayores"?

Rafael Brigante

Rafael Brigante

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Uno de los mayores desafíos del derecho y de la técnica jurídica contemporáneos, es sin duda el embate de tendencias “políticamente correctas” que, con el trasfondo de cargas ideológicas, muchas veces bienintencionadas se entiende, busca permanentemente tomar recaudos para que el lenguaje, no solamente coloquial sino académico, periodístico y, claro está, normativo, se amolde a lineamientos que buscan, supuestamente ser “inclusivos” (con el latiguillo de “visibilizar” a ciertos sectores de la población) y especialmente ser “no ofensivos”, bajo la premisa de que ciertas expresiones, muchas de ellas centenarias, pueden herir ciertas susceptibilidades, aunque, admitámoslo, muchas veces las susceptibilidades lastimadas son las de los propios impulsores, especialmente.

El sistema jurídico que reposa en preceptos escritos, como permanentemente lo recuerda el estudio de la historia, nace de un deseo de frenar la arbitrariedad. Por eso mismo, la claridad es, o debería ser, una de las mayores prioridades de quien redacta textos destinados a ser promulgados para hacer las veces de disposiciones jurídicas: artículos constitucionales, de las leyes, y de las normas de menor jerarquía.

El uso de expresiones equívocas, valiéndose de giros que buscan evitar una carga ofensiva, sea esta racial, de sexo u otras condiciones que tengan los destinatarios de las normas, puede en efecto sacrificar la claridad de lo que se quiere decir. Esto es especialmente dramático cuando ese tipo de giros o de expresiones adicionalmente choca en forma abierta con el lenguaje jurídico establecido – que es técnico y muchas veces producto de un desarrollo secular – de tal manera que, como un cuerpo extraño injertado a un organismo, aquel puede incluso en casos extremos rechazarlo, o generar consecuencias tan negativas como indeseadas.

Para ilustrar este punto, hemos seleccionado una expresión relativamente nueva en nuestro derecho, pero que ha calado muy hondo (al menos en los medios de comunicación y en la literatura judicial): se trata de la expresión que se ha dado por emplear para referirse a personas de ambos sexos de edades avanzadas, a quienes ahora se las moteja de “adultos mayores”.

El empleo de este término, en los actuales momentos, se puede apreciar en el texto de la Constitución de Montecristi, tan generosa en estos giros políticamente correctos: el artículo 36 de dicha carta consagra el derecho de “las personas adultas mayores” a recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Nada que reprochar a esta loable aspiración constitucional, pero acto seguido se observa, y surge la pregunta, de por qué la disposición tiene que preocuparse de explicar que por “adultos mayores” se entienden las personas mayores a sesenta y cinco años de edad.

La respuesta es evidente: la expresión, por sí sola, no logra comunicar a quiénes se está refiriendo. El artículo debe aclararlo, porque si no lo hiciese, el precepto terminaría siendo aplicable a quienes, en el lenguaje jurídico tradicional, se entiende que son adultos mayores, y un somero análisis demuestra que la expresión tiene un sentido completamente diferente.

Veamos: el término “adulto mayor” encierra dos presupuestos, pues para ser “adulto mayor” se requiere, por un lado, ser “adulto” y por otro, por perogrullesco que sea, es que debe ser “mayor”.

En lenguaje jurídico, claro, preciso, inequívoco, “adulto” es toda persona que ha sobrepasado la pubertad. Los impúberes, como se sabe, son aquellas personas naturales, de ambos sexos, que no han alcanzado dicha pubertad: desde que nacen hasta cumplidos los siete años, el Código Civil ecuatoriano (Art. 21) los califica de “infantes”, y traspuesta la infancia, continúan siendo impúberes hasta que, siendo niñas, cumplen los doce años, y siendo niños, los catorce. Por cierto, por razones inexplicables, el Código de la Niñez y Adolescencia no ha sido armonizado con el Código Civil, de tal manera que el último de los mencionados en cambio distingue “niños y niñas” (más corrección política) como quienes no han cumplido doce años sin distinción del sexto, y “adolescentes” entre los doce y los dieciocho años (Art. 4).

Volviendo a la explicación que hacemos, el que ha llegado a la pubertad, siendo como es “adulto”, mientras no cumple la mayoría de edad, es “menor”. Es, por tanto, el famoso “menor adulto” al que se refiere en varios preceptos la legislación ecuatoriana. El caso es que, ese chico o chica, una vez que llega a los dieciocho años, es “mayor” y siendo que ya era “adulto” es, estrictamente hablando, un “adulto mayor”. Todo esto lo conocen o debían conocerlo quienes han acuñado semejante eufemismo jurídico. Temerosos de ofender a los “viejos”, “ancianos”, personas de “tercera edad”, los etiquetan con un término que, por impreciso y contradictorio con el lenguaje jurídico ya establecido, requiere explicaciones como la de que se alude a personas que han traspuesto los sesenta y cinco años de edad.

Por supuesto, más allá de los votos que podamos hacer para que se destierren las imprecisiones de lenguaje de nuestra normativa, está claro que en muchas ocasiones podrá más el temor de las personas a aparecer como “retrógradas” o “desactualizadas”. Continuará inexorable el cortejo alabando el traje nuevo del emperador que, como se sabe, ¡Va desnudo!

Rafael Brigante
Docente
Facultad de Derecho UEES

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